Medardo González afirmó que fueron informado del inicio de la tregua en el gobierno de Mauricio Funes. Reconoció que la tregua ayudó a que pandillas siguieran cometiendo delitos contra los ciudadanos
El secretario general del FMLN, Medardo González, reconoció que la tregua entre pandillas permitió la expansión de estos grupos criminales en las comunidades e incrementó el cometimiento de delitos a nivel nacional.´
González afirmó que en su momento el Ejecutivo -entonces dirigido por Mauricio Funes- informó al FMLN del proceso que se iniciaría con las pandillas, y aunque como partido no estuvieron de acuerdo en dar beneficios a los criminales, la decisión final fue del mandatario.
“Nunca creimos que era prudente darle espacios más allá de los que la ley manda”, dijo González respecto a los beneficios que recibieron los pandilleros durante la tregua.
“Esa estrategia no es conveniente para el país”, reiteró en respaldo a la decisión del presidente Salvador Sánchez Cerén de no dar continuidad al proceso que inició en marzo de 2012 y marcando con esto distancia de la decisión de la gestión anterior.
El dirigente político enfatizó que la tregua permitió una “expansión y crecimiento” en las comunidades en que su accionar no era grave, por lo que siempre apostaron a una política integral que permitiera aplicar la ley; pero a la vez, impedir que los jóvenes sigan siendo reclutados por las estructuras criminales.
“Lo que hubo es una expansión y crecimiento en las mismas comunidades en las que nosotros sabemos que la situación era menos grave”, reiteró el máximo dirigente del FMLN en la entrevista matutina de canal 33, República SV.
El efemelenista aseguró que ven con buenos ojos que diversos sectores como iglesias y universidades se unan en búsqueda de una estrategia de seguridad integral en beneficio del país.
Finalmente, González insistió que el mandatario salvadoreño es quien dirige el aparato de seguridad nacional y está priorizando en el tema de la prevención de la violencia.
Despedidos de VECA denuncian que empresa no les indemnizó por falta de fondos
Los exempleados acudieron a la Asamblea Legislativa para solicitar apoyo, pues señalan que pese a la intervención del Ministerio de Trabajo no se les ha resuelto nada.
Empleados que en enero de este año fueron despedidos de la Empresa aérea Vuelos Económicos Centroamericano (VECA) denunciaron que no les pagaron la indemnización, tal como se había acordado.
María Mercedes Rodríguez, representante de los despedidos, aseguró que la apoderada legal de VECA, Mirza Zúniga Rodríguez acudió al Ministerio de Trabajo (Mintrab) y les informó que la empresa no tiene dinero y que no se les va a pagar.
En una audiencia en el Mintrab se acordó que Veca les cancelaría la liquidación a unos 230 exempleados este 28 de febrero, pero los extrabajadores aseguran que no cumplió.
Indicaron que además de no pagarles la primer quincena de enero, aguinaldo y otras prestaciones de ley, VECA tampoco ha pagado la AFP, ISSS y la renta, pese a que se les descontó.
Ante eso, los despedidos de VECA acudieron este martes a la Asamblea Legislativa donde recibieron el apoyo de la diputada de ARENA, Alejandrina Castro, quien dijo pedirá informe a la ministra de Trabajo, Sandra Guevara, sobre las garantías laborales que ha prestado a los despedidos de la empresa aérea.
La posición de la Fiscalía General de la República consta en el proceso judicial que analiza la Sala de lo Constitucional de la CSJ.
Para la Fiscalía General de la República (FGR), es inconstitucional la adjudicación del proyecto del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS) a manos privadas y la segregación de carriles.
Esa es la posición institucional de la FGR, que está contenida en el proceso de inconstitucionalidad que dirime la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“... Se concluye que una interpretación armónica de la Constitución de la República, las concesiones de obras materiales de uso público, cuando hay utilización de presupuestos estatales, como el caso sub júdice (SITRAMSS), deben ser aprobadas por la Asamblea Legislativa, por ser un mecanismo de vigilancia hacia el Órgano Ejecutivo...”, plantea la Fiscalía General de la República en el proceso de demanda.
Los demandantes consideran ilegal la adjudicación a particulares, tanto de la flota como de las terminales del SITRAMSS, y que se le diera un carril exclusivo siendo que las calles son de dominio público.
Precisamente, la Sala de lo Constitucional resolvió recientemente ordenar al presidente Salvador Sánchez Cerén y a la misma Asamblea Legislativa, que le envíen por separado, un informe sobre los criterios y fundamentos para establecer el SITRAMSS.
Los transportistas promotores del proceso de inconstitucionalidad señalan que el gobierno ha entregado carriles exclusivos al SITRAMSS, que constituye un negocio privado de la Unión de Empresas Sipago-SITRAMSS, además de que esta concesión no contó con el aval de la Asamblea Legislativa como manda el artículo 120 de la Carta Magna.
Esto es compartido por la FGR, que en su informe a la Sala de lo Constitucional, sostiene que ese tipo de concesiones por parte del Ejecutivo, en los cuales, hay de por medio fondos estatales, corresponde a la Asamblea Legislativa someterlo a aprobación con mayoría calificada; es decir, 56 votos.
“(...) El Órgano Ejecutivo a través del Ministerio correspondiente debe presentar el proyecto al Órgano Legislativo para que este último avale las condiciones básicas, el plazo y el monto de las inversiones, etc, con el objeto de desarrollar la infraestructura de tal obra...”.
“Por ello, la inconstitucionalidad deriva en el método o procedimiento señalado en el Art. 155 inciso final del Reglamento General de Transporte Terrestre, debiendo sujetarse a lo dispuesto en el Art. 120 de la Constitución de la República”, sostiene la Fiscalía General de la República.
¿Qué dice el artículo 120 de la Constitución?
“En toda concesión que otorgue el Estado para la explotación de muelles, ferrocarriles, canales u otras obras materiales de uso público, deberán estipularse el plazo y las condiciones de dicha concesión, atendiendo la naturaleza de la obra y el monto de las inversiones requeridas. Estas concesiones deberán ser sometidas al conocimiento de la Asamblea Legislativa para su aprobación”, establece la Carta Magna en su artículo 120.
A la Fiscalía no le queda ninguna duda de que el Viceministerio de Transporte es la autoridad responsable de ceder en concesión el servicio de transporte público de pasajeros, porque así lo establece el artículo 4 de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
Pero también está convencida de que la Carta Magna le obliga al VMT, como en el caso de concesión del SITRAMSS a manos privadas, a someterlo a consideración y aprobación de los diputados.
“Debiendo concurrir un proceso de licitación, avalando que el servicio público de transporte será prestado por las personas más idóneas, por concurso público y la fianza que responda por eventuales perjuicios ocasionados a los usuarios que utilizan los autobuses, garantizando la transparencia”, argumenta la FGR ante la Sala de la CSJ.Precisamente la falta de un proceso de licitación y de transparencia en la adjudicación a la Unión de Empresas Sipago-Sitramss, la explotación del SITRAMSS y la segregación de carriles y la instalación de terminales o estaciones en determinados puntos de la vía pública, es lo que los demandantes han cuestionado públicamente y en el recurso presentado a la Sala de lo Constitucional.
La Sala también decidió enjuiciar la Ley de Transporte en la parte en la que se basan los operadores de ese sistema, de cara a posibles violaciones a la Constitución de la República.
De hecho, la Sala advierte, tras un informe que previamente le envió la Presidencia de la República, que ésta no da “certeza” sobre cuáles son las disposiciones jurídicas que “han servido de fundamento legal para que se verifique el asunto disputado”.
Es más, la Sala de lo Constitucional observa el hecho de que, según el informe previo de la Presidencia de la República, la segregación de carriles de la vía pública para el SITRAMSS se ejecutó con la sola decisión del Viceministerio de Transporte.
Lo mismo sucede, según la Sala, con la instauración en la vía pública de terminales con las características especificadas para el uso del mismo sistema de transporte.
Por eso es que la Sala ha ordenado a la Presidencia que le envíe sus argumentos legales para concesionar el SITRAMSS.
Los voceros del partido atacan al gobierno estadounidense con un discurso de guerra fría, mientras los del Gobierno hablan de “amistad”.
La mera integración de un Consejo Juvenil de la Embajada de los Estados Unidos ha desatado la ira de la dirigencia del partido oficial de una manera sorprendente y escasamente amistosa. El Secretario General del FMLN y otros dirigentes de ese partido, han acusado a la embajada de hacer trabajo político injerencista e intromisión.
El discurso es contrastante con el de los funcionarios del Gobierno del FMLN que hablan de amistad y cooperación. Que buscan desesperados fondos de ayuda estadounidense y cabildean por todo tipo de favores de los norteamericanos y ahí no hay intromisión ni injerencia. Es un doble discurso que puede dejar de funcionar y traer problemas.
En el fondo es la diferencia entre la convicción y la conveniencia, pero eso no siempre funciona en una relación bilateral, tanto en la vida personal como en la vida de las naciones, uno no puede estar ofendiendo a su interlocutor y luego pidiéndole favores.
De esas taras ideológicas del FMLN puede haber consecuencias, especialmente con la incierta política exterior del presidente Donald Trump y esas consecuencias las sufrirán los ciudadanos salvadoreños de a pié, en Estados Unidos o en El Salvador, no las élites políticas que viven a sus anchas. De ahí el riesgo de este tipo de declaraciones cargadas de lenguaje de la guerra fría, fruto de ideologías trasnochadas.
El año se anticipa muy agitado. Un importante número de sindicatos anuncia huelgas de brazos caídos para defender prestaciones y ascensos ofrecidos, además, es de esperarse, para proteger los empleos.
Todo nuevo año es expectativa, esperanza, incertidumbre, peligro, oportunidad y desafío. Queda en manos de cada uno de nosotros construir un buen año, avanzar en lo que nos hayamos propuesto, superar debilidades, aprender y capacitarnos para que al final terminemos mejor que al inicio.
El país enfrenta un deterioro en la seguridad, como lo advierte el Ministerio de Exteriores de España, que aconseja a sus nacionales no viajar a El Salvador, y si lo hacen, tomar todas las precauciones para reducir los riesgos a sus vidas y sus bienes, como han alertado también Washington y gobiernos europeos.
En un mundo sacudido por fanatismos, odios y ceguera moral, los salvadoreños “tenemos el privilegio” de ser el país más violento de la Tierra, por encima de la arrasada Venezuela, en parte, a causa de la incapacidad de las autoridades de seguridad.
Los que viven en este suelo están muy conscientes de esa realidad, consecuencia de las torpezas y la mala bilis del oficialismo, que a finales de 2016 anunció medidas para provocar un cataclismo en el sector productivo, afectando o destruyendo medianas y pequeñas empresas, muchas de las cuales sufren adicionalmente las depredaciones y extorsiones del crimen organizado.
Es imposible alcanzar la paz interna si al lado de operativos policiales el partido oficial continúa propagando el odio de clases y busca sin pausa la manera de hostigar a productores, sectores y personas, sea a través de acosos fiscales, de campañas de desprestigio, de troles y de amenazas directas como en el caso de las marchas contra la Sala de lo Constitucional.
Los mismos militantes del montón, “las bases”, están sujetos, como lo dijo Medardo, a reiterados lavados de cerebro cuando flaquean en sus fanatismos e intentan pensar por su cuenta.
Lavarle el cerebro a alguien es casi el equivalente a lo que los talibanes le hicieron a una pobre mujer a la que decapitaron por salir de compras sin su marido.
La lucha contra la corrupción se debe librar no sólo en el frente de la Sección de Probidad de la Corte, sino también en la Fiscalía, de quien la población espera más al observar que si bien se ha procesado a personas vinculadas a la oposición, no procede, hasta el momento, contra presuntos enriquecidos ligados al oficialismo actual, que inclusive ha blindado algunos nombrándolos en ministerios.
Lo que daña a un sector daña a toda la economía nacional
El año se anticipa muy agitado. Un número importante de sindicatos anuncia huelgas de brazos caídos para defender prestaciones y ascensos ofrecidos, además, es de esperarse, para proteger los empleos de personas que inevitablemente van a perderlos si el gobierno actual no revierte las tablas salariales que con dedicatoria al desastre ha decretado.
Las industrias afectadas directamente son parte de cadenas productivas que de inmediato sufren los desquiciamientos económicos, hasta dañar la economía en su conjunto.
Todo lo malo que amenaza a los pueblos puede esperarse de grupos ciegos al clamor de la población, como el que se ha hecho con el poder en El Salvador.
Poco después de la primera ronda de la elección presidencial de 2014 el hoy ministro de Gobernación, Arístides Valencia, se reunió con dirigentes pandilleros para ratificar los acuerdos que los unieron en la primera votación y hacer ajustes para la segunda. La conversación, que quedó grabada y que el mismo Valencia ha reconocido a El Faro, ocurrió en los mismos días en que el dirigente arenero Ernesto Muyshondt se reunió con jefes de las pandillas, y en ella se discute desde la movilización de votantes hasta el apoyo económico del partido de izquierda para que los pandilleros renovaran sus DUI. Días después, en la segunda vuelta, Salvador Sánchez Cerén fue elegido presidente de la República por un margen de poco más de 6,000 votos.
El FMLN negoció el respaldo de las principales pandillas del país al menos en la primera ronda electoral de los comicios de 2014, que en la segunda vuelta condujeron a Salvador Sánchez Cerén a la presidencia de la República.
El Faro obtuvo un archivo de vídeo en el que se escucha una conversación de alrededor de 14 minutos entre el actual ministro de Gobernación, Arístides Valencia, y representantes nacionales de la Mara Salvatrucha y de las dos facciones de la pandilla Barrio 18 (Revolucionarios y Sureños). La conversación se dio durante una reunión a puerta cerrada que tuvo lugar luego de la primera ronda electoral, celebrada el 2 de febrero de 2014 y en la que el FMLN obtuvo una ventaja insuficiente para ganar la presidencia de la República. En aquel momento, Valencia era diputado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional por tercer período consecutivo, elegido por el departamento de Usulután. Consultado sobre esta reunión con los jefes pandilleros, Valencia aseguró que los periodistas de El Faro están malinterpretando la conversación.
El encuentro, a la luz de la grabación, sirvió como una especie de evaluación del trabajo hecho por los pandilleros en favor del FMLN durante la primera ronda electoral, en la que el candidato efemelenista obtuvo 268 mil votos más que el de Arena. La reunión también sirvió para planificar el trabajo de las pandillas con vistas a la segunda vuelta, que se realizó el 9 de marzo y en la que Sánchez Cerén triunfó por un margen de apenas 6 mil 364 votos. Durante la conversación, el actual ministro “ratifica”, según sus propias palabras, un compromiso previo con los pandilleros y estos le solicitan una serie de apoyos logísticos como transporte y dinero para pagar los documentos únicos de identidad (DUI) de pandilleros cuyos documentos estuvieran demasiado deteriorados para poder votar.
En varios puntos de la conversación se hace alusión a encuentros anteriores, en los que al parecer se había acordado el respaldo electoral de las pandillas al partido en el gobierno, y también se hace referencia a un posible encuentro posterior previo a la segunda vuelta.
“Lo que hablamos nosotros -dice el ministro Valencia al inicio de la grabación- era de ratificar, digamos, el compromiso con ustedes”, refiriéndose a los pandilleros. El funcionario deja claro que su partido esperaba haber ganado las elecciones en primera ronda y por lo tanto poder haber llevado la relación con las pandillas a “otro nivel”. Sin embargo, no lo da todo por perdido: “Podemos ir avanzando en propuestas ya más concretas, que es lo que en esta reunión, y en la próxima que puede haber antes de la elección, es lo que nosotros creemos que debemos ir trabajando, para que inmediatamente nosotros podamos decirles y darles ya a los compañeros de ustedes… las señales de que hemos logrado algo”, dice el ministro. Acto seguido anuncia que va a comenzar a comer y en la grabación se infiere que alguien está sirviendo la comida. Pandilleros y funcionario hacen una pausa antes de entrar en materia, distrayéndose con una conversación casual sobre los problemas legales del expresidente Francisco Flores, que por esas fechas empezaba a ser cuestionado por los cheques de Taiwán, y sobre la animadversión que los pandilleros y el ministro Valencia compartían hacia el entonces fiscal general Luis Martínez. En este punto, Valencia incluso hace una revelación a los pandilleros sobre la forma en que se dio en la Asamblea la elección de Martínez en diciembre de 2012.
El Faro ha confirmado que en la conversación participaron, al menos, dos de los pandilleros que por esas mismas fechas se reunieron con el entonces vicepresidente de Ideología de Arena, Ernesto Muyshondt: un vocero de la Mara Salvatrucha llamado Rubén, y conocido como “El Chivo”, y un representante de la facción Sureños del Barrio 18, a quien se conoce simplemente como “Rafael”. Durante la reunión, este último llevó la voz cantante en la interlocución de los pandilleros con el hoy ministro Valencia.
En una entrevista en su oficina con El Faro, el ministro Arístides Valencia admitió este viernes haber tenido encuentros con pandilleros, aunque en un primer momento dijo no recordar las circunstancias precisas de esta reunión. En una primera versión reconoció su propia voz en la grabación pero aseguró que se trató de uno de los eventos públicos que con regularidad llevan a cabo los diputados del FMLN, a los que llaman Tribunas Abiertas. “En una de esas reuniones, este… ellos empezaron a participar en la reunión y me plantearon en primer lugar de que… fue una cantidad de demandas… me dijeron que la Policía llegaba a las colonias y los maltrataban…”. En una segunda versión, el ministro Valencia dijo que probablemente había ocurrido en alguna de sus visitas a las comunidades: “En más de una ocasión me encuentro con gente de las pandillas, que está ahí y me aborda… que en ese momento alguien me tome una foto o me grabe, pues para mi… no es imposible…”. Finalmente, en una segunda conversación, esta vez telefónica y después de haber leído la transcripción completa de la grabación, el actual ministro de Gobernación reconoció que en 2014 mantuvo aquella conversación con pandilleros, si bien consideró que lo que ahí se habló no fue “nada ilícito ni conspirativo”, y que posiblemente los periodistas de El Faro estaban malinterpretando lo que refleja esa reunión.
“Les ayudamos a sacar los DUI o lo que sea necesario”
En la grabación, los pandilleros hacen su propia evaluación del trabajo que realizaron durante la primera ronda electoral y luego señalan errores de coordinación cuya responsabilidad le achacan al partido de gobierno: “Bueno, retomando lo que hasta el momento se ha conversado”, inicia su participación el representante de la pandilla 18 Sureños, “en primer lugar… nos ha permitido conocer un ambiente que no lo teníamos muy claro… fue el primer intento y lo que sí tenemos claro es que nos pusimos en cuerpo y alma, con todo corazón, en lo que nos habíamos comprometido, ¿va? Tratamos de dar los resultados lo mejor que pudiéramos…”, comenta.
Luego de una breve introducción, agradece al diputado Valencia que se haya reunido con ellos “nuevamente” y les permita incursionar en el trabajo electoral: “Fue la primera vez que nos hemos metido verdaderamente, de lleno, ambas pandillas en algo así…”, dice. Rafael reflexiona también sobre los beneficios que tuvo para los pandilleros el trabajo durante las votaciones, asegurando que una manera de prevenir la violencia es “mantener a nuestros cipotes ocupados". "Y ese día los mantuvimos ocupados en algo nuevo, que no conocían, en algo que había que dedicar tiempo”, dice.
En ningún momento se detalla con precisión el tipo de trabajo que los pandilleros realizaron para el FMLN antes o durante la jornada electoral del 2 de febrero de 2014.
Pero los pandilleros también plantean una serie de problemas que, según ellos, debían ser solucionados para optimizar su trabajo durante la segunda ronda electoral: la primera queja que plantean tiene como base el hecho de que, en reuniones anteriores, se les había proporcionado ciertos números de teléfono para contactarse con personas que al parecer tenían el poder de solucionar problemas imprevistos, pero que no contestaron sus teléfonos el día de la elección.
“…Los números de teléfono que se nos proporcionaron, la gran mayoría no contestó”, se queja Rafael, y Rubén complementa: “No contestaron, yo les estuve va de hablar y hablar…”
También se quejan de que el sistema de transporte que el gobierno puso a disposición de los votantes no estaba adaptado a las necesidades de los pandilleros: “El modo operativo de cada una de las pandillas no es el mismo de la población común”, explica uno de ellos en el vídeo, y se queja de que sus “cipotes” no podían usar libremente el transporte colectivo y los representantes de pandillas tuvieron que ir a buscarlos al interior de sus comunidades para trasladarlos a los centros de votación. “Es otro rollo muy diferente, que no lo pensábamos así, pero nos tocó hacerlo así… garantizando que las cosas se llevaran y se hicieran como las habíamos pensado, aunque de otra manera, pero lo logramos y lo hicimos…”, informa el pandillero.
Finalmente, se quejan ante el entonces diputado Valencia de que algunos pandilleros tenían sus DUI tan deteriorados que no pudieron votar en la primera ronda, y le piden que el partido sufrague los costos de la reposición de los documentos. En respuesta, el funcionario les promete costear la reposición.
“Esa es una solicitud… que tendrían que hacer ustedes: cómo, por medio de sus sedes municipales, departamentales o cómo putas sea (…) pudieran ser ustedes los que en algún momento pudieran proporcionar ese gasto”, pide el pandillero.
Responde Valencia: “Fijate que lo hemos estado haciendo. Lo único es que habría que ver cómo lo podríamos resolver, porque lo que hacen los compañeros es que mandan una lista con nombre y número de DUI para solicitar el dinero y luego se les entrega el dinero a la departamental o a la municipal y entonces llega la gente al alcalde, se le da el dinero, se va al banco, paga y saca el DUI…”, explica. Sin embargo, el funcionario parte de la duda de si en realidad las pandillas querrían entregar listas de los nombres de sus miembros para seguir ese procedimiento que califica de habitual.
En el caso de que las pandillas decidieran a seguir ese mecanismo, Valencia pone a su disposición los recursos del partido: “… si lo podemos hacer así, nosotros los ayudamos a sacar los DUI o lo que sea necesario”, promete.
El pandillero zanja el asunto con un “Habría que ver cómo la armamos ahí”.
El FMLN negoció el respaldo de las principales pandillas del país al menos en la primera ronda electoral de los comicios de 2014, que en la segunda vuelta condujeron a Salvador Sánchez Cerén a la presidencia de la República.
El Faro obtuvo un archivo de vídeo en el que se escucha una conversación de alrededor de 14 minutos entre el actual ministro de Gobernación, Arístides Valencia, y representantes nacionales de la Mara Salvatrucha y de las dos facciones de la pandilla Barrio 18 (Revolucionarios y Sureños). La conversación se dio durante una reunión a puerta cerrada que tuvo lugar luego de la primera ronda electoral, celebrada el 2 de febrero de 2014 y en la que el FMLN obtuvo una ventaja insuficiente para ganar la presidencia de la República. En aquel momento, Valencia era diputado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional por tercer período consecutivo, elegido por el departamento de Usulután. Consultado sobre esta reunión con los jefes pandilleros, Valencia aseguró que los periodistas de El Faro están malinterpretando la conversación.
El encuentro, a la luz de la grabación, sirvió como una especie de evaluación del trabajo hecho por los pandilleros en favor del FMLN durante la primera ronda electoral, en la que el candidato efemelenista obtuvo 268 mil votos más que el de Arena. La reunión también sirvió para planificar el trabajo de las pandillas con vistas a la segunda vuelta, que se realizó el 9 de marzo y en la que Sánchez Cerén triunfó por un margen de apenas 6 mil 364 votos. Durante la conversación, el actual ministro “ratifica”, según sus propias palabras, un compromiso previo con los pandilleros y estos le solicitan una serie de apoyos logísticos como transporte y dinero para pagar los documentos únicos de identidad (DUI) de pandilleros cuyos documentos estuvieran demasiado deteriorados para poder votar.
En varios puntos de la conversación se hace alusión a encuentros anteriores, en los que al parecer se había acordado el respaldo electoral de las pandillas al partido en el gobierno, y también se hace referencia a un posible encuentro posterior previo a la segunda vuelta.
“Lo que hablamos nosotros -dice el ministro Valencia al inicio de la grabación- era de ratificar, digamos, el compromiso con ustedes”, refiriéndose a los pandilleros. El funcionario deja claro que su partido esperaba haber ganado las elecciones en primera ronda y por lo tanto poder haber llevado la relación con las pandillas a “otro nivel”. Sin embargo, no lo da todo por perdido: “Podemos ir avanzando en propuestas ya más concretas, que es lo que en esta reunión, y en la próxima que puede haber antes de la elección, es lo que nosotros creemos que debemos ir trabajando, para que inmediatamente nosotros podamos decirles y darles ya a los compañeros de ustedes… las señales de que hemos logrado algo”, dice el ministro. Acto seguido anuncia que va a comenzar a comer y en la grabación se infiere que alguien está sirviendo la comida. Pandilleros y funcionario hacen una pausa antes de entrar en materia, distrayéndose con una conversación casual sobre los problemas legales del expresidente Francisco Flores, que por esas fechas empezaba a ser cuestionado por los cheques de Taiwán, y sobre la animadversión que los pandilleros y el ministro Valencia compartían hacia el entonces fiscal general Luis Martínez. En este punto, Valencia incluso hace una revelación a los pandilleros sobre la forma en que se dio en la Asamblea la elección de Martínez en diciembre de 2012.
El Faro ha confirmado que en la conversación participaron, al menos, dos de los pandilleros que por esas mismas fechas se reunieron con el entonces vicepresidente de Ideología de Arena, Ernesto Muyshondt: un vocero de la Mara Salvatrucha llamado Rubén, y conocido como “El Chivo”, y un representante de la facción Sureños del Barrio 18, a quien se conoce simplemente como “Rafael”. Durante la reunión, este último llevó la voz cantante en la interlocución de los pandilleros con el hoy ministro Valencia.
En una entrevista en su oficina con El Faro, el ministro Arístides Valencia admitió este viernes haber tenido encuentros con pandilleros, aunque en un primer momento dijo no recordar las circunstancias precisas de esta reunión. En una primera versión reconoció su propia voz en la grabación pero aseguró que se trató de uno de los eventos públicos que con regularidad llevan a cabo los diputados del FMLN, a los que llaman Tribunas Abiertas. “En una de esas reuniones, este… ellos empezaron a participar en la reunión y me plantearon en primer lugar de que… fue una cantidad de demandas… me dijeron que la Policía llegaba a las colonias y los maltrataban…”. En una segunda versión, el ministro Valencia dijo que probablemente había ocurrido en alguna de sus visitas a las comunidades: “En más de una ocasión me encuentro con gente de las pandillas, que está ahí y me aborda… que en ese momento alguien me tome una foto o me grabe, pues para mi… no es imposible…”. Finalmente, en una segunda conversación, esta vez telefónica y después de haber leído la transcripción completa de la grabación, el actual ministro de Gobernación reconoció que en 2014 mantuvo aquella conversación con pandilleros, si bien consideró que lo que ahí se habló no fue “nada ilícito ni conspirativo”, y que posiblemente los periodistas de El Faro estaban malinterpretando lo que refleja esa reunión.
“Les ayudamos a sacar los DUI o lo que sea necesario”
En la grabación, los pandilleros hacen su propia evaluación del trabajo que realizaron durante la primera ronda electoral y luego señalan errores de coordinación cuya responsabilidad le achacan al partido de gobierno: “Bueno, retomando lo que hasta el momento se ha conversado”, inicia su participación el representante de la pandilla 18 Sureños, “en primer lugar… nos ha permitido conocer un ambiente que no lo teníamos muy claro… fue el primer intento y lo que sí tenemos claro es que nos pusimos en cuerpo y alma, con todo corazón, en lo que nos habíamos comprometido, ¿va? Tratamos de dar los resultados lo mejor que pudiéramos…”, comenta.
Luego de una breve introducción, agradece al diputado Valencia que se haya reunido con ellos “nuevamente” y les permita incursionar en el trabajo electoral: “Fue la primera vez que nos hemos metido verdaderamente, de lleno, ambas pandillas en algo así…”, dice. Rafael reflexiona también sobre los beneficios que tuvo para los pandilleros el trabajo durante las votaciones, asegurando que una manera de prevenir la violencia es “mantener a nuestros cipotes ocupados". "Y ese día los mantuvimos ocupados en algo nuevo, que no conocían, en algo que había que dedicar tiempo”, dice.
En ningún momento se detalla con precisión el tipo de trabajo que los pandilleros realizaron para el FMLN antes o durante la jornada electoral del 2 de febrero de 2014.
Pero los pandilleros también plantean una serie de problemas que, según ellos, debían ser solucionados para optimizar su trabajo durante la segunda ronda electoral: la primera queja que plantean tiene como base el hecho de que, en reuniones anteriores, se les había proporcionado ciertos números de teléfono para contactarse con personas que al parecer tenían el poder de solucionar problemas imprevistos, pero que no contestaron sus teléfonos el día de la elección.
“…Los números de teléfono que se nos proporcionaron, la gran mayoría no contestó”, se queja Rafael, y Rubén complementa: “No contestaron, yo les estuve va de hablar y hablar…”
También se quejan de que el sistema de transporte que el gobierno puso a disposición de los votantes no estaba adaptado a las necesidades de los pandilleros: “El modo operativo de cada una de las pandillas no es el mismo de la población común”, explica uno de ellos en el vídeo, y se queja de que sus “cipotes” no podían usar libremente el transporte colectivo y los representantes de pandillas tuvieron que ir a buscarlos al interior de sus comunidades para trasladarlos a los centros de votación. “Es otro rollo muy diferente, que no lo pensábamos así, pero nos tocó hacerlo así… garantizando que las cosas se llevaran y se hicieran como las habíamos pensado, aunque de otra manera, pero lo logramos y lo hicimos…”, informa el pandillero.
Finalmente, se quejan ante el entonces diputado Valencia de que algunos pandilleros tenían sus DUI tan deteriorados que no pudieron votar en la primera ronda, y le piden que el partido sufrague los costos de la reposición de los documentos. En respuesta, el funcionario les promete costear la reposición.
“Esa es una solicitud… que tendrían que hacer ustedes: cómo, por medio de sus sedes municipales, departamentales o cómo putas sea (…) pudieran ser ustedes los que en algún momento pudieran proporcionar ese gasto”, pide el pandillero.
Responde Valencia: “Fijate que lo hemos estado haciendo. Lo único es que habría que ver cómo lo podríamos resolver, porque lo que hacen los compañeros es que mandan una lista con nombre y número de DUI para solicitar el dinero y luego se les entrega el dinero a la departamental o a la municipal y entonces llega la gente al alcalde, se le da el dinero, se va al banco, paga y saca el DUI…”, explica. Sin embargo, el funcionario parte de la duda de si en realidad las pandillas querrían entregar listas de los nombres de sus miembros para seguir ese procedimiento que califica de habitual.
En el caso de que las pandillas decidieran a seguir ese mecanismo, Valencia pone a su disposición los recursos del partido: “… si lo podemos hacer así, nosotros los ayudamos a sacar los DUI o lo que sea necesario”, promete.
El pandillero zanja el asunto con un “Habría que ver cómo la armamos ahí”.
De izquierda a derecha, Hato Hasbún, secretario de Gobernabilidad; Benito Lara, exministro de Seguridad Pública; Arístides Valencia, ministro de Gobernación, David Munguía Payés, ministro de Defensa; y Jaime Martínez, director de la Academia Nacional de Seguridad Pública. Foto cortesía Ministerio de Gobernación.
El contexto redimensiona el vídeo
La grabación de la reunión entre Valencia y los voceros de las tres principales pandillas de El Salvador parece despejar el debate abierto en los últimos meses sobre si la administración de Sánchez Cerén negoció con la Mara Salvatrucha y las dos facciones del Barrio 18, algo que el partido FMLN y el gobierno han negado con rotundidad.
Los encuentros entre líderes pandilleros y representantes de alto nivel del FMLN habían sido ya denunciados, entre otros, por las propias pandillas, por el exmediador de la tregua Raúl Mijango e incluso por analistas sin filiación partidaria como Salvador Samayoa. Sin embargo, el partido optó por negar sus negociaciones y condenar con dureza –e incluso exigir a la Fiscalía que investigue– las protagonizadas por el partido Arena.
Esta nueva grabación, en la que son evidentes los compromisos que el hoy ministro Valencia hace en nombre del FMLN ante los representantes de las dos facciones de la 18 y de la MS-13, se hace pública ocho semanas después de que El Faro publicara un video similar que recoge un encuentro de los voceros de las maras con el hoy diputado Ernesto Muyshondt y con el alcalde de Ilopango, Salvador Ruano, ambos de Arena.
El FMLN aprovechó aquel vídeo para denostar al partido Arena. En un comunicado fechado el 13 de marzo y firmado por la Comisión Política, el Frente dijo que el encuentro de Muyshondt era “evidencia de los vínculos del partido Arena con las pandillas” y expresó “su más enérgica condena a esta práctica sucia y cómplice con los delincuentes”. “Hacemos un llamado a la Fiscalía General de la República a investigar de oficio estos hechos delictivos, a fin de llevar a la justicia a sus responsables y que no queden en la impunidad”, exigió entonces el FMLN en referencia a los políticos de derecha.
El gobierno –del que el ministro Valencia forma parte desde el 1 de junio de 2014– se pronunció en similares términos de condena y censura. “Nuestra más alta preocupación”, “pactos entre Arena y estructuras del crimen que tanto luto causan”, “compromisos asumidos por los delegados de Arena con criminales a cambio de votos” y “demandamos a la Fiscalía una investigación de oficio”, son palabras incluidas en el comunicado oficial de la presidencia de la República, fechado también el 13 de marzo. El propio ministro Valencia retuiteó en su cuenta personal de la red social Twitter el comunicado de la Secretaría de Comunicaciones contra Muyshondt y Arena.
La campaña electoral de 2014, en la que queda comprobado que tanto Arena como el FMLN tuvieron diálogo con pandilleros de alto nivel con fines electorales, cerraba un periodo de dos años en el que la tregua iniciada en marzo de 2012, permitió la participación de pandilleros en actos públicos con funcionarios, o en entrevistas televisivas, así como sus encuentros privados habituales con líderes políticos de los principales partidos. Sin embargo, cuando los encuentros de Muyshondt y Valencia se dieron, el Frente se había desmarcado del experimento de la tregua y Arena la utilizaba como arma arrojadiza contra el partido de izquierda.
Valencia dice que Gana "nos puso al fiscal Luis Martínez"
La grabación del ministro Valencia con los mareros tiene otro punto álgido cuando los presentes comienzan a almorzar y hablan sobre el expresidente Francisco Flores, quien en esos días había optado por no asistir más a la Comisión Especial Legislativa creada para investigar los donativos de Taiwán.
“Francisco Flores anda huyendo”, dice el ministro Valencia cuando pone el tema sobre la mesa, tema que a los pandilleros les genera risas, comentarios jocosos y lanzar alguna que otra ofensa. En la grabación, el ministro Valencia aporta cifras aproximadas de las cuentas que el Juzgado Quinto de Paz de San Salvado embargó al expresidente, información que los diarios nacionales habían publicado el 12 de febrero de 2014.
Por este dato y con el emplazamiento que hacen a que habrá otra reunión antes de la segunda vuelta de las elecciones, fijada para el 9 de marzo, cabe presumir que la reunión se celebró en la segunda quincena de febrero de 2014.
Del expresidente Flores el ministro Valencia salta al exfiscal general Luis Martínez, a quien llama “hombre de confianza de Flores” y califica como “baboso”. La conversación deviene un intercambio de pareceres entre el emisario del FMLN y los voceros designados por la Mara Salvatrucha y las dos facciones del Barrio 18. Hablan sobre la idoneidad o no de Luis Martínez para el cargo.
En un momento uno de los pandilleros pregunta cómo sería un eventual proceso de destitución del fiscal, y Valencia les explica que para ello se requiere el apoyo de 56 diputados como mínimo. Luego, el entonces diputado efemelenista les revela cómo se gestó su nombramiento: "Al fiscal nos lo puso Gana", dice. Gana es el partido que, tras escindirse de Arena, desde 2009 es el principal aliado legislativo del FMLN. Un pandillero repregunta si Valencia dijo que Gana había puesto al Fiscal General, y el hoy ministro de Gobernación reitera: "Sí, Gana nos lo puso".
Benito Lara: “Habrá otros interesados en interrumpir cualquier salida”
A continuación, la transcripción de las partes entendibles del video que muestra a Benito Lara, exministro de Seguridad Pública, en una reunión con jefes pandilleros. La reunión, como constataron Factum, El Faro e Insight Crime, se llevó a cabo en la sede departamental del FMLN en San Salvador, conocida como "2-29".
Pandillero: (…) El coraje y la capacidad del pueblo para hacer lo que tienen que hacer (…)
(…) El gobierno son culeradas (…)
(…) ¿Pero verdad que en esos tiempos había menos (…)?
(…) Pero ahí no es que nos den un ejército grande ahí es (…)
(…) ¿Ya andaba en la jugada? (…)
(…) Allá por la avenida andabas, cerote (…) jajajajajaja, allá por el Sancocho, jajajajajaja (…)
Pandillero: Bueno, ¿le damos?
Pandillero: Démole.
(Comienza a hablar Benito Lara de forma inaudible)
Pandillero: (…) Una pregunta: ¿Cómo seguimiento (…) del gobierno para Zacate?
(…)Yo quería aclarar algo (…) escribir las noticias (…) en algún momento hablamos de los criteriados (…) cualquier pendejo que ya a la hora de las horas no le quiere hacer huevos (…) una acción muy personal (…) tanto él como nosotros tenemos un montón de gente en los penales (…) y eso usted lo sabe. Tenemos un caso por cierto en (en el penal de) Quezaltepeque donde hay alrededor de 78 personas detenidas por un homicidio, ¿cómo es posible que 78 personas hayan participado en un homicidio? Entonces nada más hago esta aclaración porque esto está sonando bien fuerte y es como (…) tiene para estar hablando el ministro, porque el ministro es el que estaría hablando esto (…)
(…) El único que se ha quedado(…) supuestamente esas persona que están criteriadas no la(s) tiene la policía, la(s) tiene (…) no sé por qué le dicen (…) una persona que agarraron así, que es que nada más vive en territorio de ahí Quezaltepeque (…) Prácticamente han vinculado a las pandillas de ahí del sector (…) porque la investigación que hicieron no fue nada (…) las 11 personas que han capturado que salió el ministro hablando ahí, las 11 han quedado libres, incluyendo esas personas que (…) Ahí estuve viendo (…)
Benito Lara: (…) Ese punto (…)
Pandillero: (…) Ya era raro no ver al Chafa con una taza de café (…)
Benito Lara: (…) Raúl (…) y están (…) Pero tal como me han dicho hay algunos funcionarios que (…) No sé si el fiscal va a actuar (…)
Pandillero: (…) Lo que están buscando es crear un sistema de inestabilidad (…) ya dejarlo formado desde antes para que cuando ustedes lleguen a sentarse (…) nosotros creemos de que (…) 100% (…) esta gente lo que está buscando es ese distanciamiento (…) ustedes tienen la capacidad de hacer las cosas según lo hemos hablado (…) y nosotros tenemos la capacidad de hacer las cosas mejor para la próxima vez, y ya no tengamos que estar dependiendo de otras personas, en el sentido de estar esperando convenios con otra gente; bueno, ya de parte de ustedes va, que tienen que verse con otra gente para que las decisiones o planteamientos que tienen caminen, sino que ya ustedes tener la fuerza necesaria para hacer las cosas, ya como partido, o sea me refiero en la Asamblea.
Benito Lara: Indudablemente, creo que eso que estás planteando es correcto. Y (…) van a tratar de aprovecharse de (…) que pueden haber (…) entonces el planteamiento nuestro (…) porque así como habemos algunos interesados en buscarle una salida, habrán otros interesados en interrumpir cualquier salida y no me cabe duda que harán todos los esfuerzos, incluso pondrán (…) entonces no todos, y cuando digo no todos, no me refiero directamente a ustedes sino a cualquier persona (…)no tiene la íntima convicción de (…) hacerle huevos (…) les dijimos la vez pasada que les decíamos que independientemente cual fuera el resultado (…) claro, la ejecución estando en una posición es otra (…) da a entender (…) más complejo cuando se mezclan no solo intereses sino de que ya otro un poco personales (…)
El Salvador terminará 2016 con una tasa en torno a 80 homicidios por cada 100,000 habitantes, mientras que Honduras y Guatemala lo harán con 58 y 30 respectivamente. El país seguirá siendo un año más ejemplo de violencia desbordada a escala internacional, hecho que contrasta con el triunfalismo con el que el gabinete de seguridad interpreta la situación. “La ruta que llevamos es la correcta”, dice el vicepresidente Óscar Ortiz.
Óscar Ortiz inicia la conferencia impetuoso, rotundo: “Tenemos importantes buenas noticias: la ruta que llevamos es la correcta”. Es lunes 7 de noviembre y Ortiz, vicepresidente de la República y coordinador del gabinete de seguridad, preside la concurrida mesa en la que se hablará sobre el rumbo de la seguridad pública en El Salvador. “Vamos a profundizar estos logros”, dice. “Con las medidas extraordinarias asestamos golpes profundos a las estructuras criminales”, dice.
En los próximos 45 minutos hablarán el vicepresidente Ortiz, enfático y triunfalista; y el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, más sobrio y comedido, fieles ambos a sus estilos personales. Son dos tonos diferentes, pero los dos unidos por la misma idea: El Salvador, en materia de seguridad pública, va bien.
Para respaldar esa idea, uno y otro se apoyan en las cifras oficiales de los delitos que más afectan a los salvadoreños: homicidios, extorsiones, violaciones, robos, hurtos…
Es cierto que entre el 1 de enero y el 31 de octubre los homicidios han bajado un 18 % respecto al mismo período del año pasado. También es cierto que los hurtos –siempre según las cifras de la Policía Nacional Civil (PNC)– han disminuido un 3 %; y los robos, un 8 %; las violaciones, un 1 %. Y que las extorsiones –solo las denunciadas, obvio– han caído un 9 %. Y así en nueve de los once delitos relevantes o “los conocidos como de eficacia”, apunta Ramírez Landaverde. Los hurtos de vehículos y los homicidios culposos en accidentes de tránsito han aumentado.
La estrategia del gobierno es simple y efectiva: compararse con 2015, el año más violento del siglo en El Salvador, con una tasa de homicidios de 103 homicidios por cada 100,000 habitantes, tasa que no incluye a los cientos de salvadoreños desaparecidos.
Los números de 2016 están siendo alarmantes, pero los de 2015 fueron aún peor. En los diez primeros meses de 2016, la PNC contabiliza 4,585 asesinatos. El año, a menos que ocurran vaivenes mayúsculos en noviembre y diciembre, terminará con unos 5,300 homicidios, por lo que la tasa por cada 100,000 habitantes se fijará entre 80 u 82, la segunda más elevada en los 17 años transcurridos desde que inició el siglo XXI.
Honduras, considerado hasta 2014 el país más violento del mundo sin guerra abierta, espera concluir el año 2016 en torno a 58 homicidios por cada 100,000 habitantes. La cifra de Guatemala, el tercer integrante del llamado Triángulo Norte, se situará alrededor de 30. Salvo que Venezuela dé la sorpresa, El Salvador retendrá en 2016 el deshonroso título de país más violento del mundo. Por segundo año consecutivo.
“Ya hemos logrado un importante control del sistema penitenciario, que nos ha permitido que no se sigan multiplicando desde ahí las extorsiones y que no sigan saliendo órdenes para incrementar la violencia”, dice enérgico el vicepresidente Ortiz.
Si se pasa la lupa a los número gruesos, el descenso en los homicidios desde abril, que el gobierno atribuye inequívocamente a las medidas extraordinarias, ha sido más acusado en los departamentos de La Paz, Cuscatlán, San Salvador y Usulután, en efecto los más militarizados, mientras que la situación se ha complicado en Morazán, San Miguel y Ahuachapán, lo que permite suponer un trasvase de pandilleros dentro del territorio nacional.
El vicepresidente Ortiz y Ramírez Landaverde enfatizan la implementación de las medidas extraordinarias como punto de inflexión. A finales de marzo de 2016 se decretó el estado de emergencia en las siete cárceles con presencia mayoritaria de pandilleros. Antes, a inicios de febrero, se habían presentado las Fuerzas de Intervención de Recuperación del Territorio (FIRT), integradas por policías y soldados altamente cualificados, con vocación de arrebatar el control territorial a las maras. A mediados de abril, se presentó la Fuerza Especializada de Reacción (FES), para el combate frontal y armado en las zonas rurales. En mayo arrancó el programa de los 100 pandilleros más buscados. Y en junio se desplegó la Fuerza de Tarea Centro Histórico.
“Tenemos un incremento del 39 % en las detenciones con orden administrativa, y un 8 % en las detenciones con orden judicial, que son indicadores de mayor eficacia en materia investigativa, porque son detenciones de mayor calidad”, dice Ramírez Landaverde.
Las medidas extraordinarias son de este año, pero es en enero de 2015 cuando la Administración Sánchez Cerén optó por la represión como estrategia única para afrontar el fenómeno de las maras. Más de 11,200 salvadoreños han sido asesinados desde entonces.
Pero en esta conferencia no cabe el pesimismo. “Debido al alto nivel de actuación de nuestra Policía Nacional Civil y de nuestras fuerzas armadas, también hemos retirado (sic) a un importante número de cabecillas con una alta experiencia de años, muchos de ellos muertos en enfrentamientos con nuestros policías y soldados”, dice el vicepresidente Ortiz.
En octubre hubo 406 asesinatos, un 18 % más que los 344 de septiembre, pero no hay dato que parezca inquietar al gabinete de seguridad. Las gráficas que se proyectan han sido manipuladas para que descensos menores luzcan como grandes barrancos, y la propia configuración de la mesa es un mensaje: un vicepresidente, dos ministros, dos viceministros, el subdirector de la PNC y el director de Centros Penales, aunque solo intervienen dos.
Tampoco luce involuntario que, en tres cuartos de hora y a pesar de que solo se habla de seguridad pública, no se pronuncian ni una sola vez las palabras ‘pandilla’ o ‘mara’; mucho menos los nombres de los grupos delincuenciales ‘Mara Salvatrucha-13’ o ‘Barrio 18’.
Ofensiva contra las fuerzas de seguridad
La conferencia tiene lugar en medio de lo que parece ser una fuerte ofensiva de las pandillas contra el Estado y la sociedad salvadoreñas, con sus policías y militares como objetivos prioritarios.
“Nosotros desde el principio sabíamos que enfrentar de manera frontal a las estructuras criminales iba a tener en algunos momentos una reacción, pero estamos en el camino correcto, vamos por el camino correcto, estamos obteniendo resultados”, dice el vicepresidente Ortiz.
A esta hora, suman 37 los policías y 18 los militares asesinados en 2016, todos ellos “héroes y heroínas, porque son los que están en la primera trinchera”, dice. Incluso se anima como portavoz del estado de ánimo de un colectivo que engloba a miles de personas: “La Policía está con una moral alta”.
“Si hay algo que se definió o se estableció en el período anterior –evade el tema el vicepresidente Ortiz–, y que es un campo en el cual está actuando la Fiscalía, pues ya sabremos en su momento el desenlace; nosotros no nos vamos a distraer, y vamos a seguir en la ruta que hemos asignado”. Aunque no aplica lo del “período anterior”. En los videos que se han filtrado los líderes pandilleros se reúnen con Arístides Valencia, actual ministro de Gobernación; y Benito Lara, ministro de Seguridad hasta enero de 2016 y actual asesor presidencial.
En lo que podría señalarse como la única fisura en el tono triunfalista del vicepresidente Ortiz, vaticina entre líneas que aún se derramará mucha sangre en El Salvador, también entre las fuerzas de seguridad: “Esta cruzada por la paz la tenemos que ganar; no va a ser fácil, nos va a tomar un tiempo, y siempre habrá que pagar una alta cuota de sacrificios, como ya la estamos pagando, pero lo que no podemos permitir es que esta amenaza se consolide en los próximos años, y que se presente como uno de los factores más desestabilizadores de nuestra democracia”.
En las 24 horas posteriores al fin de esta conferencia de prensa, dos policías y un soldado se habrán sumado al listado de funcionarios de nivel básico asesinados desde que el gobierno optó por declarar la ‘guerra’ a las pandillas.
Los miembros del Coena: Alberto Romero, director de Asuntos Legislativos; Mauricio Interiano, presidente de ARENA; Rolando Alvarenga, vicepresidente de Ideología; y Carolina Ramírez, vicepresidenta de Campaña, al salir... | Foto por EDH
El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, y el presidente de ARENA, Mauricio Interiano, anunciaron ayer, por separado, que abordarán de forma independiente la reforma de pensiones, sin mezclarla con la problemática de las finanzas públicas, para lo cual se creará una mesa técnica con diferentes sectores involucrados.
La decisión conlleva, según confirmaron Sánchez Cerén e Interiano, iniciar el próximo lunes con una agenda de diálogo bilateral, cuyo primer punto será la discusión de un anteproyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal ba
jo diferentes parámetros y un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) como garantía de cumplimiento.
“Es importante que ambos, ARENA y gobierno, hemos puesto en primer lugar el interés del país como parte de una agenda sostenible de diálogo; el tema fiscal es preocupación de todo el pueblo salvadoreño, al igual que la reforma de pensiones, que se abordará en mesa técnica y no estará vinculada a los otros aspectos”, dijo el gobernante luego de su reunión con Interiano.
Mientras tanto, el máximo dirigente de ARENA confirmó que la tónica del diálogo con el gobierno para lograr un pacto fiscal “fue diferente” a lo que se planteó el pasado lunes en Casa Presidencial y que la prioridad a la que se llegó con Sánchez Cerén es en construir a la brevedad una propuesta de Ley de Responsabilidad Fiscal, para evitar que el país caiga en una situación de insostenibilidad de sus finanzas.
“Estamos muy satisfechos con la reunión sostenida con el presidente; ahora del diálogo debemos pasar a los acuerdos y eso es lo que vamos a construir desde el lunes con nuestros equipos. Nosotros nunca hemos cambiado esa postura de sentarnos a discutir soluciones siempre y cuando sean con planes concretos”, reflexionó Interiano.
Por ello, ARENA replanteó ayer los siete puntos para la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad económica, los cuales, según Sánchez Cerén, permitirán establecer el punto de partida de la negociación, junto con la propuesta que hará el gobierno para corregir el déficit fiscal actual que supera el 3% del Producto Interno Bruto (PIB).
“El lunes se van a reunir los equipos técnicos del partido ARENA y del gobierno. La idea de una Ley de Responsabilidad Fiscal es tener más elementos de transparencia y rendición de cuentas para controlar el gasto y apostar por la inversión social”, recalcó Sánchez Cerén, quien le planteó a Interiano la necesitad de hacer un ajuste fiscal.
Por su parte, el dirigente de ARENA fue enfático en aclarar que a pesar del acercamiento de ayer el partido de oposición continúa evaluando posibilidades para evitar que siga el endeudamiento en el país.
Al respecto, en la reunión de ayer no se discutió sobre los votos del partido tricolor para la aprobación de $1,200 millones en bonos, aunque Sánchez Cerén reconoció que la aprobación de esos fondos sigue siendo “urgente”.
“Lo de los bonos sigue pendiente. Con el gobierno tenemos claro que antes es importante tener limpia la mesa sobre el tema fiscal que retomar esa discusión; son acuerdos que debemos sostener y luego vamos a negociar otros aspectos”, explicó Interiano.
Ni Sánchez Cerén ni el presidente tricolor dieron detalles de cómo se conformaría la propuesta de crear una mesa técnica para discutir con más amplitud la importante reforma de pensiones.
No obstante, hay que recordar que ARENA desde hace varios meses ha insistido en la necesidad de separar el tema fiscal con el previsional y de convocar a una mesa técnica para ver alternativas a la polémica propuesta de sistema mixto que ha hecho el gobierno, pero que no la apoyan ni los partidos de oposición, ni varios sectores del país.
Los puntos del acuerdo fiscal que propone ARENA son que se revise en detalle el presupuesto 2017 en el tema de ingresos y gastos, un plan de ahorro y austeridad en los tres órganos de Estado y dividir las emisiones de bonos que busca aprobar el gobierno.
En otros temas, Sánchez Cerén confirmó que, como parte de las peticiones hechas por Interiano, se pagará un mes pendiente del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de las Municipalidades (FODES).
González afirmó que en su momento el Ejecutivo -entonces dirigido por Mauricio Funes- informó al FMLN del proceso que se iniciaría con las pandillas, y aunque como partido no estuvieron de acuerdo en dar beneficios a los criminales, la decisión final fue del mandatario.
