En la reforma de pensiones que ha propuesto el segundo gobierno del FMLN, y que ya está en discusión en la Asamblea Legislativa, la gran ganadora será la hacienda pública, que a falta de dos años para la próxima elección de alcaldes y diputados, tiene que resolver un problema de iliquidez progresivo calculando los costos electorales que pueda acarrear cada paso que dé. La reforma es más parecida a una reforma fiscal porque el sistema mixto que propone generará una reducción en el déficit que maneja el gobierno, aunque aún hay dudas de hasta cuándo durarán los efectos.
El pago de pensiones presiona mucho el déficit de las finanzas públicas, pero con la reforma esa presión disminuye porque el total de la deuda para pagar a los jubilados disminuye. Para 2060, según el ministerio de Hacienda, gracias a la reforma la deuda se habrá reducido en 2 mil 141 millones de dólares, llegando a 21 mil 936 millones de dólares. Y aunque parezca una reducción sustanciosa, la realidad es que ese monto es bastante elevado pues es casi el producto interno bruto (PIB).
Los errores del sistema de pensiones no lo va a quitar la reforma que propone el gobierno. La propuesta no resolverá el problema de un sistema previsional que ofrece muy baja cobertura y que otorga pensiones de miseria. Aunque el valor de las pensiones aumentará levemente, se queda a medio camino de lo que los expertos en la materia creen que sería una verdadera reforma integral del sistema previsional. Nueve de cada 10 salvadoreños en edad de trabajar seguirán sin gozar de una pensión cuando lleguen a la edad de retiro, y de los pocos afortunados en obtener una jubilación, lo que recibirán como pensión será muy poco: permitirá apenas costear la canasta básica de alimentos salvadoreña que oscila entre los 148 y los 206 dólares mensuales.
El modelo mixto propuesto vendría a sustituir al sistema de pensiones de cuentas de ahorro individual que durante 18 años ha funcionado gracias a los depósitos mensuales de los trabajadores. En el actual modelo, cuando los trabajadores llegan a la edad de jubilación, reciben en concepto de pensión un monto mensual derivado de sus cotizaciones de ahorro individual. El modelo mixto propuesto mantiene este esquema, pero solo para quienes tengan un salario superior a los 503.40 dólares (el 22% de los afiliados). También crea un fondo de reparto al que deben cotizar todos los trabajadores y que va a pagar pensiones de $207 a todos los que se jubilen.
A quienes ganen menos de 503.40 dólares -y cumplan con requisitos de jubilación- el Estado les garantiza una pensión de no menos de 207 dólares de por vida. A quienes ganen más de 503.4 dólares, les ofrece dos pensiones cada mes: la mínima de 207 dólares -por aportar 65 dólares al mes al pilar de reparto- más la que se saque de los ahorros de su cuenta individual. Al jubilarse, la persona comenzará a recibir una cantidad de dinero correspondiente a las dos pensiones, y será así hasta que se agote la cuota extra que provenga de la cuenta de ahorro individual. Una vez se agote el ahorro individual, esta persona se queda recibiendo de por vida la pensión mínimas de $207 (algo que sucede con o sin la reforma).
Mucho antes de que la reforma se conociera, surgió una campaña mediática que aseguraba que la propuesta pretendía saquear los ahorros de los cotizantes. “El robo del siglo”, fue el titular de la agresiva publicidad, que incluía portadas “falsas” de periódicos y MUPIS con mensajes como “no permitan que el gobierno me quite mi pensión”. La campaña sugería que el Estado busca adueñarse de las cotizaciones y los ahorros producto de motivaciones poco transparentes.
Lejos de las especulaciones, la reforma propone utilizar las cotizaciones de los trabajadores para pagar las pensiones - de forma total o parcial- de los actuales jubilados. Como una rueda de caballo, lo mismo ocurrirá cuando la generación que hoy apoyará para pagar las pensiones de los actuales jubiliados: la generación que viene detrás les pagará a ellos su pensión. Lo que la campaña en contra de la reforma no decía, y lo que al gobierno le ha costado explicar, es que la propuesta es una reestructuración en el modelo de administración y en la manera en cómo se pagan las pensiones.
Decir que se trata de un robo también es engañoso porque, de hecho, las pensiones serán ligeramente mayores a las que los cotizantes recibirían con el sistema actual, aunque igual de insuficientes para que una familia costee algo más (transporte, por ejemplo) que una canasta básica de 206 dólares.
Con la reforma, la pensión crece ligeramente debido a que la comisión que los cotizantes pagan a la administradora de los fondos de pensiones será menor. La Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) y la Fundación Guillermo Manuel Ungo (Fundaungo), al analizar y cuadrar los datos de la reforma, confirman la aseveración del gobierno cuando dice que la pensión aumentará entre 20 y 60 dólares.
El “robo del siglo” también pretendía explicar que todos los cotizantes iban a perder sus ahorros con la entrada en funcionamiento del fondo de reparto. La Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos) calcula que serán 4 mil 700 millones de dólares los que pasarán automáticamente de las cuentas de ahorro individual al fondo de reparto. Pero esa información también es imprecisa.
Hay una parte de los ahorros de los trabajadores que pasará a ser del Estado pero este no es dinero líquido. Lo que pasará al Estado son títulos valores, es decir, certificados que llevan escrita una promesa de pago a futuro. En estos "papeles" se indicará la cantidad de dinero que el cotizante comenzará a recibir al cumplir la edad de jubilación. Es decir, lo que pasa al Estado son cifras contables. Esos ahorros no comenzarán a repartirse para pagar a los jubilados. En cambio, lo que sí servirá para pagar las pensiones son las cotizaciones de los trabajadores activos que recibirá la bolsa de reparto una vez aprobada la reforma.
“La idea de ‘robo’ es parte de la campaña contra la reforma. Lo que busca el sistema es garantizar una pensión mínima para todos los cotizantes en el sistema de pensiones. Eso no es un ‘robo’”, dice Alexis Henríquez, investigador salvadoreño de los sistemas de pensiones en América Latina y profesor de políticas sociales y desarrollo económico en la universidad de Santo Tomás, Colombia. “El problema es cómo hacer que esa idea de sistema sea sostenible. Ya sea un sistema de reparto o de capitalización, uno de los principales problemas ha sido la sostenibilidad. A priori se ha considerado que los sistemas con las AFP son sostenibles, pero la práctica nos ha mostrado lo contrario; y esto es así porque se debe mirar al sistema en su conjunto: los costos de transición (pago de pensión mínima y reconocimiento de pensiones que hace el Estado) afectan la sostenibilidad del sistema, por ejemplo”, agrega.
Para Fusades, en cambio, la reforma del gobierno es inconstitucional por este traspaso de ahorros al Estado. “La Sala de lo Constitucional ha establecido que la confiscación no se refiere solo al despojo de la totalidad de los bienes, sino también a la privación de ciertos bienes determinados, como ocurriría con la cuenta de ahorro individual para pensiones propiedad de los trabajadores. De este modo, los artículos que disponen el traspaso de la propiedad de los trabajadores a favor de una institución del Estado, son contrarios también al mencionado art. 106, inc. final Cn”, dice el boletín de febrero del departamento de estudios legales.
Para el gobierno, no se trata de un robo ni una confiscación de los fondos de los cotizantes. “La misma campaña de la pérdida de la propiedad de los ahorros la usaron en Chile, diciéndole a la gente que se lo iban a robar. Creaban la ilusión de la propiedad de la cuenta. ¿Por qué es una ilusión? Porque no puedo llegar a pedir ‘deme lo que he ahorrado’. La ley te dice bajo qué condiciones puedo acceder a ese beneficio que, en realidad, no es propiedad mía sino que tiene un propósito que es previsional. Me lo dan si cumplo los requisitos”, explica Julián Salinas, asesor de la comisión de hacienda de la Asamblea Legislativa para los diputados del FMLN.
La reforma fue presentada a la Asamblea Legislativa el 24 de febrero y por ahora los diputados a los que El Faro consultó no saben cuándo tendrán listo el dictamen pues todavía falta que terminen las rondas de consultas con organizaciones e instituciones. Pero una de las cosas que ya está clara es quién se llevará la peor parte de la reforma: las administradoras de fondos de pensiones (AFP) y las compañías de seguros porque la comisión que cobrarán será menor.
La reforma que no corrige errores del sistema
Entre los ganadores de la reforma podrían incluirse los pensionados debido a que obtendrán una pensión ligeramente mayor que con el actual sistema, pero el aumento es muy bajo si se compara con el costo de vida de los salvadoreños que también sufre incrementos.
Este leve aumento de pensión solo será evidente para el 22% que cotiza tanto en el pilar de reparto como en su propia cuenta individual, y que logren cumplir con los requisitos para jubilarse.
El 78% de los afiliados restante, que gane menos de 504 dólares y que cumpla con los requisitos de jubilación, seguirá recibiendo la pensión mínima que está garantizada en el sistema actual. En noviembre, la Asamblea fijó la pensión mínima en 207.60 dólares. La fija cada año.
Para ese 78% de afiliados, recibir una pensión mínima de 207 dólares representará una ventaja, puesto que a la hora de jubilarse, su pensión equivaldrá entre el 50 y el 100% de su salario. El sistema actual les prometía, en cambio, un 33% de su salario.
